Al menos en nuestro país (que en los demás de nuestro contorno, de sólida tradición democrática de siglos y de alto nivel de pensamiento, problemas puntuales aparte, no es así) el sistema educativo (no la educación, que eso es otra cosa) ha venido utilizándose siempre como uno de los campos de batalla más significativos y principales. Salvo para el ministro (¿ingenuo?) Gabilondo, en el edificio de la cosa pública este propósito ha tenido casi siempre el carácter de lugar privilegiado en el que unos y otros han probado y utilizado las diferentes armas que el sistema en general les ha permitido. Y aunque siempre se ha dicho que eran debates ideológicos o de creencias, lo que desde luego es verdad, pocas veces se ha resaltado que en todo ese guirigay se esconden otras modalidades de intereses como los de poder político, económico y social. Y a lo que se ve estos días, la confrontación sigue pujante y espléndida, dispuesta a arrasar con todo y sin ningún síntoma de que vaya a templarse. Incluso a veces da la impresión de que quienes más chillan pidiendo pacto de estado u otros términos similares son precisamente quienes menos interés tienen en renunciar a sus planteamientos.
¿Habrá algún ciudadano sensato, conservador o progresista, que considere que la ley Wert, la que está a punto de aprobarse, tiene asegurada una larga y brillante vida?, ¿alguien con cordura y prudencia puede apostar por que esta disposición general perdurará en el tiempo y por tanto podrá influir, se entiende que mejorando, en las próximas generaciones? La pregunta parece necesaria observando cómo está transitando, parlamentaria y socialmente, su aprobación. Porque, independientemente de su contenido, de que sea más o menos adecuado para una sociedad como la nuestra en el siglo XXI, ¿cómo puede entenderse que todos los grupos parlamentarios, absolutamente todos, puedan estar en un error mientras que solo uno dispone del acierto de lo que hay que hacer? Otra cosa muy diferente es que este grupo sea el más numeroso pero la mayoría, como ocurre en todos los casos, está ahí para votar lo que se les diga y ¡santas pascuas!
Imponer a mazazos una ley de este jaez, aderezada además con la promesa de todos los demás de derogarla en cuanto puedan parlamentariamente, es, como dice Roberto Espósito, quebrantar las fronteras conceptuales de lo político, más allá de la responsabilidad que lo sustenta.
Publicado el día 25 de octubre de 2013.
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