A manera del “no se puede gastar lo
que no se tiene”, expresión tan polisémica y por tanto vacía de sentido, los
mismos promotores, nada menos que la suprema dirección pública, lanzan ahora la
proclama de “fuera políticos; sobran políticos; ¡echémosles!”. Lo de que “no se
puede gastar lo que no se tiene” ya tenía su aquel, tanto si se utiliza para
contar alguien que no puede comprar el castillo de su pueblo por no disponer de
los cien millones que vale, como si una familia manifiesta que, no disponiendo
de momento del dinero del piso que desea comprar, lo irá pagando mediante una
hipoteca. Pues lo de “fuera políticos; sobran políticos; ¡echémosles!” viene a
ser algo parecido, puede que más lamentable. “Son menos a gastar y sobre todo
ahora cuando todo ahorro es importante” viene a ser la argumentación que
supuestamente avala y justifica esta arenga de “aminorar el número de
políticos” como sin mayor precisión ni sutileza se dice.
Ya sabemos que la crisis está
sirviendo en muchos casos para colarle de manera clandestina a la gente cambios
estructurales, como gato por liebre. Pero en esto como en todo hay grados y
diversos niveles de responsabilidad según de lo que se trate. Y lo de “fuera
políticos”, así a lo loco, es manejar una materia muy comprometida y
arriesgada.
Tres reflexiones obvias y sencillas,
al azar. Se ha propuesto reducir el número de parlamentarios andaluces y hasta
se ha lanzado el 30 como cifra a rebajar pero ¿alguien ha hecho un estudio
sereno, riguroso y reflexivo de las tareas de los parlamentarios, sus
responsabilidades y su capacidad de gasto?, ¿de lo que resulta imprescindible o
inútil en su condición?, ¿se puede hablar de algo tan respetable como un
parlamento con propuestas a ojo de buen cubero? A su vez la Junta de Andalucía
ha reducido el número de delegados provinciales para, asegura, ahorrar gasto.
¿Mediante un análisis político y social de la función que ejercen? Dado el
centralismo político asfixiante de la estructura autonómica, a los delegados no
les quedan competencias. A lo mejor hubiera sido rentable suprimirlos todos y
sustituirlos por funcionarios con tareas administrativas. Otra Junta, esta vez
la de Galicia, que tiene a su disposición 141 asesores, propone disminuir en 14
el número de diputados de su parlamento: es obvio que no son las mismas
funciones pero, como es dinero público en ambas tareas, se está utilizando una
vez más el ofrecimiento engañoso de disminuir el número de ministros mientras
nada se dice de los cargos intermedios.
Una sociedad culta y madura no puede
aceptar peroratas demagógicas, que solo buscan ganar complacencias y convencer
falsamente a la gente de que se están buscando remedios a la crisis. Seguro que
el sistema político español debe ser revisado en su estructura para hacerlo más
eficaz disminuyendo lo superfluo y aumentando lo imprescindible pero no
mediante eslóganes a borbotones. Resulta demasiado duro ver con qué
atrevimiento se está jugando con algo tan serio. ¿Se ha preocupado alguien de
saber cuántos miles de concejales dedican de manera gratuita sus ratos de ocio
a labores municipales?
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